miércoles, 2 de noviembre de 2016

Ley 27304 - Ley del arrepentido - Modificación al Código Penal

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 02/11/2016
  • Sanción: 19/10/2016
  • Promulgación: 01/11/2016
  • Síntesis: Se modifica el Código Penal. Escalas penales. Imputado arrepentido. Acuerdos de colaboración. Protección. Se derogan el art. 29 ter, Ley 23737, la Ley 25241 y el art. 31, Ley 25246.
Texto completo.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1: Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación previstos en la Ley 23737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en los que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;
g) Delitos cometidos en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI y en el inciso 5 del artículo 174, del Código Penal;
i) Delitos previstos en el título XIII, del libro segundo, del Código Penal.
Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo.
Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta los quince (15) años de prisión.
La reducción de pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación o multa.

Artículo 2: Incorpórase como artículo 276 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 276 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos.

Artículo 3: Oportunidad. El acuerdo con el imputado arrepentido sobre lo previsto por el artículo 41 ter del Código Penal deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.
La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.

Artículo 4: Cuando la reducción de la escala penal prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca como probable, podrá ser considerada a los fines de la excarcelación o de la exención de prisión, de acuerdo a las normas procesales comunes.

Artículo 5: Criterios para aplicar los beneficios. Para otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal, deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información brindada;
b) La utilidad de la información aportada para alcanzar las finalidades previstas;
c) El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos. Se beneficiará especialmente a quien se arrepintiere en primer término.

Artículo 6: Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.

Artículo 7: Acuerdo de colaboración. Requisitos formales. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar con claridad y precisión lo siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que se le atribuyere al imputado arrepentido y las pruebas en las que se funde la imputación;
b) El tipo de información a proporcionar por el imputado arrepentido: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se brindare colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación con coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información financiera e identificación de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brindare la colaboración;
c) El beneficio que se otorgará por la colaboración prestada por el imputado arrepentido.

Artículo 8: Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el fiscal y las personas que brindaren información en los términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la presente ley. En todos los casos, el imputado arrepentido contará con la asistencia de su defensor.

Artículo 9: Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el imputado arrepentido, el mismo se presentará para su homologación ante el juez de la causa.

Artículo 10: Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una audiencia convocada al efecto con la presencia del imputado arrepentido, su defensor y el fiscal de la causa. El juez escuchará a las partes y se asegurará que el imputado arrepentido tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado arrepentido hubiera actuado voluntariamente y se hubieran cumplido los demás requisitos previstos en los términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la presente ley.
El rechazo judicial del acuerdo será apelable por ambas partes. Si la homologación fuera rechazada finalmente, las actuaciones deberán quedar reservadas y las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido no podrán valorarse en su contra ni en perjuicio de terceros.

Artículo 11: Incorporación del acuerdo al proceso. En caso de aceptarse, el acuerdo será incorporado al proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia de condena por el tribunal de juicio.

Artículo 12: Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada a los fines de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el imputado arrepentido.

Artículo 13: Corroboración. Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de la prescripción de la acción penal.

Artículo 14: Protección de los imputados arrepentidos. Los imputados que colaboren en el marco de la presente ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la Ley 25764 y sus modificatorias.

Artículo 15: Sentencia. El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido. Para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones.

Artículo 16: Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá remitir a la Comisión Bicameral un informe detallado del funcionamiento y aplicación de la presente ley en los términos del artículo 6 de la Ley 27148, orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Artículo 17: Derógase el artículo 29 ter de la Ley 23737, la Ley 25241 y el artículo 31 de la Ley 25246.

Artículo 18: Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 19: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

- Registrado bajo el Nº 27304 -

Emilio Monzó - Juan C. Marino - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi.

miércoles, 20 de abril de 2016

Delitos contra la administración pública > Lavado de activo de origen delictivo - Encubrimiento - Funcionarios públicos - Citación a indagatoria - Prohibición de salir del país

Se resuelve citar a indagatoria y prohibir la salida del país al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunto encubrimiento en el marco de la causa en la cual se investigan maniobras de lavado de dinero, provenientes del accionar de un empresario mediante la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos, debiendo ponerse dicha circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante oficio de estilo, para que sea registrada la medida en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), toda vez que existiría una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por una sociedad anónima y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado, operatoria que llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI de la ciudad de Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de esa Regional mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia.

Báez, Lázaro Antonio y otros s. Encubrimiento y otros. Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7; 18-abr-2016.

martes, 10 de noviembre de 2015

Ley 27206 - Modificación al Código Penal de la Nación. Inhabilitación especial. Prescripción. Víctima menor de edad. Denuncia.

Ley 27206 - Modificación al Código Penal de la Nación

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 10/11/2015
  • Sanción: 28/10/2015
  • Promulgación: 09/11/2015
  • Síntesis: Modificación al Código Penal de la Nación. Inhabilitación especial. Prescripción. Víctima menor de edad. Denuncia.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1: Incorpórese como último párrafo del artículo 20 bis de la Ley 11179, Código Penal, el siguiente:
En caso de los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión.

Artículo 2: Modifíquese el artículo 67 de la Ley 11179, Código Penal, por el siguiente:
Artículo 67: La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.

Artículo 3: Derógase el segundo y tercer párrafo del artículo 63 de la ley 11.179, Código Penal.

Artículo 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

- Registrada bajo el Nº 27206 -

Amado Boudou - Julián A. Domínguez - Juan H. Estrada - Lucas Chedrese.

jueves, 18 de junio de 2015

Ley 27147 - Modificación al Código Penal de la Nación

Ley 27147 - Modificación al Código Penal de la Nación

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 18/06/2015
  • Sanción: 10/06/2015
  • Promulgación: 17/06/2015
  • Síntesis: Se modifica el Código Penal de la Nación.
CÓDIGO PENAL
Ley 27147 - Modificación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1: Sustitúyese el artículo 59 del Código Penal, por el siguiente texto:
Artículo 59: La acción penal se extinguirá:
1) Por la muerte del imputado;
2) Por la amnistía;
3) Por la prescripción;
4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada;
5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes;
6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes;
7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes.

Artículo 2: Sustitúyese el artículo 71 del Código Penal, por el siguiente texto:
Artículo 71: Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:
1) Las que dependieren de instancia privada;
2) Las acciones privadas.

Artículo 3: Sustitúyese el artículo 73 del Código Penal, por el siguiente texto:
Artículo 73: Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
1) Calumnias e injurias;
2) Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157;
3) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159;
4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.
Asimismo, son acciones privadas las que de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima.
La acción por calumnia e injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
En los demás casos, se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.

Artículo 4: Sustitúyese el artículo 76 del Código Penal, por el siguiente texto, que se insertará en dicho Código integrando el Título XII de su Libro Primero, "De la Suspensión del Juicio a Prueba":
Artículo 76: La suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este Título.

Artículo 5: Derógase el artículo 75 del Código Penal.

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

- REGISTRADO BAJO EL N° 27147 -

AMADO BOUDOU. JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. Juan H. Estrada. Lucas Chedrese.

CÓDIGO PENAL
Decreto 1136/2015
Promúlgase la Ley N° 27147.

Bs. As., 17/6/2015

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 27147 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández. Julio C. Alak

miércoles, 28 de mayo de 2014

La Corte Suprema tuvo que resolver un nuevo caso en el que se discutió la constitucionalidad de la reincidencia.

Por Matías Werner (Diario judicial)
El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación falló en un nuevo caso en el que se puso en tela de discusión la constitucionalidad del agravante por reincidencia contenido en el artículo 50 del Código Penal. Sin pronunciarse sobre la cuestión, remitió a los argumentos del Procurador Fiscal Eduardo Casal y a su propia jurisprudencia para confirmar una condena unificada de dieciséis años de prisión impuesta por un Tribunal Oral de Menores.
El fallo, suscripto por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, se dictó en la causa “A.M.S. s/ causa 11835”, que llegó luego de que la Cámara de Casación rechazara también los agravios contra la condena unificada de dieciséis años de prisión.
En la causa se condenó al imputado como autor del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad, en grado de tentativa, en concurso real con la portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, y le impuso la pena de siete años de prisión, y a su vez se le unificó la pena con la de nueve años y nueve meses que se le había impuesto por el delito de robo calificado por el uso de armas, reiterado en seis oportunidades, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, reiterado en dos ocasiones.
La declaración de reincidencia tuvo su fundamento en que los hechos juzgados por el Tribunal de Menores fueron cometidos cuando él había cumplido parte de la pena de nueve años y nueve meses de prisión por los seis hechos anteriores, y continuaba aún bajo el régimen de salidas transitorias.
La defensa impugnó el pronunciamiento agraviándose de que la decisión era incompatible con la doctrina del Máximo Tribunal en el fallo “Gramajo” – que declaró inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52 del Código Penal – y que “articula el principio constitucional según únicamente por aquello que han efectivamente cometido”, como así también violentaba el principio ne bis ídem que rechaza que alguien sea juzgado dos veces por un mismo hecho, y en el caso particular de autos, penado.
Además, expresó que el plazo en el que el condenado había estado en prisión “no era suficiente para justificar la agravación de la sanción por la comisión del último delito y, por lo tanto, no pudo válidamente ser tenido por cumplimiento parcial en los términos del artículo 50 del Código”.
Según el dictamen de Casal, los agravios no lograron introducir nuevos fundamentos a los ya respondidos por la misma Corte en causas como “L’Eveque” o “Valdez”, en los que “se descartó la objeción basada en el principio non bis in ídem al interpretar el régimen de agravación por reincidencia no como una forma de agregar un nuevo castigo por el delito anterior ya penado, sino, antes bien, como un ajuste de la pena por el nuevo delito tomando en consideración características penalmente relevantes del caso”.
“De acuerdo con la lectura del Tribunal, la mayor gravedad en la sanción que el Código Penal atribuye a quien comete un nuevo delito habiendo cumplido efectivamente pena por un delito anterior puede explicarse como respuesta al mayor grado de culpabilidad que revelaría esa persona en la comisión del nuevo delito, en comparación con la que expresaría quien cometiera un hecho equivalente sin haber cumplido pena con anterioridad” fue la postura sostenida por el Ministerio Público, para rebatir los cuestionamientos a la reincidencia.
“Bajo la luz de esa interpretación, el régimen de agravación por reincidencia no importaría una forma de castigo por el carácter o por lo que la persona es, ni respondería a un juicio sobre el proyecto de vida que ella ha elegido realizar. Antes bien, la agravación reflejaría una evaluación de la responsabilidad personal del autor por la comisión del nuevo delito”, aseguró Casal.
Tampoco tuvo éxito la queja referida a que la declaración de reincidencia afectaba el otorgamiento de la libertad condicional. El procurador explicó que el régimen de libertad condicional “es, junto con el de suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, regulado en los artículos 26 a 28 del Código Penal, una manifestación de una misma política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario en respuesta a particularidades de la historia punitiva de la persona condenada”.
“No advierto, en la adopción legal de este patrón de empleo gradual del encierro carcelario que la ley prevé como respuesta proporcional a la gravedad del hecho ilícito por el que la persona condenada es responsable, que el Congreso haya excedido los amplios márgenes de discrecionalidad que la Constitución le atribuye en materia de política criminal”, sentenció el dictamen.
Para Casal, e indirectamente, para la Corte, entonces, “el régimen de agravación por el que ha optado el Congreso dentro de sus facultades constitucionales asegura que la declaración de reincidencia se manifestará por imperio de la ley en la segunda de ellas (cf. artículo 14 del Código Penal), mientras que deja en manos de la apreciación judicial su reflejo en la primera (cf. artículo 41, inciso 2, del Código Penal)”. El interrogante sobre si el Máximo Tribunal dicta sus propios fundamentos en la cuestión, por ahora, seguirá abierto.


miércoles, 12 de marzo de 2014

Si reincidís, no salís

“La libertad condicional no se concederá a los reincidentes”, precisa el artículo 14 del Código Penal. En medio de las discusiones por la reforma de ese cuerpo normativo, donde uno de los puntos de discusión se centra en torno a esta cuestión, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación (CSJN) determinaron que, en los autos “Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Juan Miguel Cabail Abad en la causa Cabail Abad, Juan Miguel si causa 16.035”, era procedente confirmar esta norma.
 
Siguiendo una línea que, a pesar de las divergencias, se encuentra ampliamente difundida en los precedentes de jurisprudenciales, los miembros del Máximo Tribunal nacional ratificaron que las personas que cometieron un delito en más de una ocasión no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional. La sentencia tuvo, sin embargo, una disidencia de Eugenio Zaffaroni.
 
En el caso concreto en el que se expidió la Corte, el accionante que requirió este beneficio, Juan Manuel Cabail Abad, ya había cumplido la mitad de su condena, además de que ya estaba transitando el período de prueba y las autoridades penitenciarias lo habían calificado como un buen recluso.
 
La defensa del hombre señaló que “su asistido cumple con el requisito temporal exigido por la ley y que no posee causa abierta en donde interese su detención u otra condena pendiente, y agregaron que "el Consejo Correccional se expidió de manera favorable para que Cabail Abad se incorpore al régimen de salidas transitorias”. 
 
“También es importante subrayar que posee conducta ejemplar (10) y concepto muy bueno (7), que concurre al programa UBA XXI y realiza tareas como jardinero del campo de deportes de la U.R. 2 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y, en caso de acceder a [..] su libertad lo va a recibir su progenitora”, agregaron los letrados.
 
La defensa reseñó que “el juzgamiento en base a los antecedentes delictivos del encartado implican no sólo una violación al principio del ne bis in ídem sino también al principio de culpabilidad. Ante ello, advirtió que en la resolución puesta en crisis se efectuó una errónea interpretación del principio de reintegración social”.
 
Zaffaroni citó un fallo para abreviar su disidencia: “Álvarez Ordoñez”. Allí, el integrante de la Corte Suprema había señalado que “los planteos de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia (articulo 50 del Código Penal) y del articulo 14, de este último en cuanto impide al reincidente obtener la libertad condicional en forma absoluta, esto es, sin excepción alguna y, por ende, cancelando todo espacio de valoración a la potestad judicial, son solo en parte irrescindibles, esto es: si se declara inconstitucional el instituto de la reincidencia en cuanto a su consideración como agravante de penas, es consecuencia lógica de tal consideración la consiguiente invalidez constitucional del articulo 14 del Código Penal”.
 
En ese caso, el juez había agregado: “Pero al margen de la anterior cuestión, o sea, aun considerando constitucional la agravación por reincidencia, existen argumentos para cuestionar la compatibilidad del artículo 14 con la Constitución Nacional”. 
 
“La reincidencia es un instituto que se ha mantenido en el tiempo, a pesar de que parte de la doctrina desde antiguo le ha negado fundamento, y la que se lo reconoce no acierta a dar con argumentos satisfactorios, mucho menos coincidentes y ni siquiera compatibles.Esto último se verifica mediante la enorme pluralidad de criterios con los que se la ha querido y se la quiere legitimar”, consignó entonces el magistrado.
 
Zaffaroni había señalado que “lo anterior parece dar la impresión de que nos hallamos ante una suerte de obstinación doctrinaria que, en todas las épocas, ha partido de la previa decisión de legitimarla para luego procurar los argumentos legitimantes”. 
 
“Ninguna obstinación de esta naturaleza respecto de instituciones penales de data secular ha sido gratuita a lo largo de la historia del derecho penal, sino que siempre ha respondido a las dificultades políticas coyunturales y a la posibilidad de escándalo mediático”, explicó el integrante de la Corte Suprema.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Ley 26904 - Incorporación del art. 131 al Código Penal

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 11/12/2013
  • Sanción: 13/11/2013
  • Promulgación: 04/12/2013
  • Síntesis: Delito de grooming. Incorporación del art. 131 al Código Penal.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1: Incorpórase como artículo 131 del Código Penal el siguiente:
"Artículo 131: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma."

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los trece del mes de noviembre del año dos mil trece.
Registrada bajo el N° 26904.

JULIAN A. DOMINGUEZ - BEATRIZ ROJKES DE ALPEROVICH - GERVASIO BOZZANO - JUAN H. ESTRADA.


Decreto 2036/2013
Promulgación de la Ley 26904.

Buenos Aires, 4/12/2013.
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 26904 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNANDEZ DE KIRCHNER - JORGE M. CAPITANICH - JULIO C. ALAK.