miércoles, 20 de abril de 2016

Delitos contra la administración pública > Lavado de activo de origen delictivo - Encubrimiento - Funcionarios públicos - Citación a indagatoria - Prohibición de salir del país

Se resuelve citar a indagatoria y prohibir la salida del país al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunto encubrimiento en el marco de la causa en la cual se investigan maniobras de lavado de dinero, provenientes del accionar de un empresario mediante la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos, debiendo ponerse dicha circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante oficio de estilo, para que sea registrada la medida en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), toda vez que existiría una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por una sociedad anónima y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado, operatoria que llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI de la ciudad de Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de esa Regional mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia.

Báez, Lázaro Antonio y otros s. Encubrimiento y otros. Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7; 18-abr-2016.

martes, 10 de noviembre de 2015

Ley 27206 - Modificación al Código Penal de la Nación. Inhabilitación especial. Prescripción. Víctima menor de edad. Denuncia.

Ley 27206 - Modificación al Código Penal de la Nación

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 10/11/2015
  • Sanción: 28/10/2015
  • Promulgación: 09/11/2015
  • Síntesis: Modificación al Código Penal de la Nación. Inhabilitación especial. Prescripción. Víctima menor de edad. Denuncia.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1: Incorpórese como último párrafo del artículo 20 bis de la Ley 11179, Código Penal, el siguiente:
En caso de los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, la inhabilitación especial será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión.

Artículo 2: Modifíquese el artículo 67 de la Ley 11179, Código Penal, por el siguiente:
Artículo 67: La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.
En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.

Artículo 3: Derógase el segundo y tercer párrafo del artículo 63 de la ley 11.179, Código Penal.

Artículo 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

- Registrada bajo el Nº 27206 -

Amado Boudou - Julián A. Domínguez - Juan H. Estrada - Lucas Chedrese.

jueves, 18 de junio de 2015

Ley 27147 - Modificación al Código Penal de la Nación

Ley 27147 - Modificación al Código Penal de la Nación

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 18/06/2015
  • Sanción: 10/06/2015
  • Promulgación: 17/06/2015
  • Síntesis: Se modifica el Código Penal de la Nación.
CÓDIGO PENAL
Ley 27147 - Modificación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1: Sustitúyese el artículo 59 del Código Penal, por el siguiente texto:
Artículo 59: La acción penal se extinguirá:
1) Por la muerte del imputado;
2) Por la amnistía;
3) Por la prescripción;
4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada;
5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes;
6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes;
7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes.

Artículo 2: Sustitúyese el artículo 71 del Código Penal, por el siguiente texto:
Artículo 71: Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:
1) Las que dependieren de instancia privada;
2) Las acciones privadas.

Artículo 3: Sustitúyese el artículo 73 del Código Penal, por el siguiente texto:
Artículo 73: Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
1) Calumnias e injurias;
2) Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157;
3) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159;
4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.
Asimismo, son acciones privadas las que de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima.
La acción por calumnia e injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
En los demás casos, se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.

Artículo 4: Sustitúyese el artículo 76 del Código Penal, por el siguiente texto, que se insertará en dicho Código integrando el Título XII de su Libro Primero, "De la Suspensión del Juicio a Prueba":
Artículo 76: La suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este Título.

Artículo 5: Derógase el artículo 75 del Código Penal.

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

- REGISTRADO BAJO EL N° 27147 -

AMADO BOUDOU. JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. Juan H. Estrada. Lucas Chedrese.

CÓDIGO PENAL
Decreto 1136/2015
Promúlgase la Ley N° 27147.

Bs. As., 17/6/2015

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 27147 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández. Julio C. Alak

miércoles, 28 de mayo de 2014

La Corte Suprema tuvo que resolver un nuevo caso en el que se discutió la constitucionalidad de la reincidencia.

Por Matías Werner (Diario judicial)
El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación falló en un nuevo caso en el que se puso en tela de discusión la constitucionalidad del agravante por reincidencia contenido en el artículo 50 del Código Penal. Sin pronunciarse sobre la cuestión, remitió a los argumentos del Procurador Fiscal Eduardo Casal y a su propia jurisprudencia para confirmar una condena unificada de dieciséis años de prisión impuesta por un Tribunal Oral de Menores.
El fallo, suscripto por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, se dictó en la causa “A.M.S. s/ causa 11835”, que llegó luego de que la Cámara de Casación rechazara también los agravios contra la condena unificada de dieciséis años de prisión.
En la causa se condenó al imputado como autor del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego y por la intervención de un menor de dieciocho años de edad, en grado de tentativa, en concurso real con la portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, y le impuso la pena de siete años de prisión, y a su vez se le unificó la pena con la de nueve años y nueve meses que se le había impuesto por el delito de robo calificado por el uso de armas, reiterado en seis oportunidades, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, reiterado en dos ocasiones.
La declaración de reincidencia tuvo su fundamento en que los hechos juzgados por el Tribunal de Menores fueron cometidos cuando él había cumplido parte de la pena de nueve años y nueve meses de prisión por los seis hechos anteriores, y continuaba aún bajo el régimen de salidas transitorias.
La defensa impugnó el pronunciamiento agraviándose de que la decisión era incompatible con la doctrina del Máximo Tribunal en el fallo “Gramajo” – que declaró inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52 del Código Penal – y que “articula el principio constitucional según únicamente por aquello que han efectivamente cometido”, como así también violentaba el principio ne bis ídem que rechaza que alguien sea juzgado dos veces por un mismo hecho, y en el caso particular de autos, penado.
Además, expresó que el plazo en el que el condenado había estado en prisión “no era suficiente para justificar la agravación de la sanción por la comisión del último delito y, por lo tanto, no pudo válidamente ser tenido por cumplimiento parcial en los términos del artículo 50 del Código”.
Según el dictamen de Casal, los agravios no lograron introducir nuevos fundamentos a los ya respondidos por la misma Corte en causas como “L’Eveque” o “Valdez”, en los que “se descartó la objeción basada en el principio non bis in ídem al interpretar el régimen de agravación por reincidencia no como una forma de agregar un nuevo castigo por el delito anterior ya penado, sino, antes bien, como un ajuste de la pena por el nuevo delito tomando en consideración características penalmente relevantes del caso”.
“De acuerdo con la lectura del Tribunal, la mayor gravedad en la sanción que el Código Penal atribuye a quien comete un nuevo delito habiendo cumplido efectivamente pena por un delito anterior puede explicarse como respuesta al mayor grado de culpabilidad que revelaría esa persona en la comisión del nuevo delito, en comparación con la que expresaría quien cometiera un hecho equivalente sin haber cumplido pena con anterioridad” fue la postura sostenida por el Ministerio Público, para rebatir los cuestionamientos a la reincidencia.
“Bajo la luz de esa interpretación, el régimen de agravación por reincidencia no importaría una forma de castigo por el carácter o por lo que la persona es, ni respondería a un juicio sobre el proyecto de vida que ella ha elegido realizar. Antes bien, la agravación reflejaría una evaluación de la responsabilidad personal del autor por la comisión del nuevo delito”, aseguró Casal.
Tampoco tuvo éxito la queja referida a que la declaración de reincidencia afectaba el otorgamiento de la libertad condicional. El procurador explicó que el régimen de libertad condicional “es, junto con el de suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, regulado en los artículos 26 a 28 del Código Penal, una manifestación de una misma política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario en respuesta a particularidades de la historia punitiva de la persona condenada”.
“No advierto, en la adopción legal de este patrón de empleo gradual del encierro carcelario que la ley prevé como respuesta proporcional a la gravedad del hecho ilícito por el que la persona condenada es responsable, que el Congreso haya excedido los amplios márgenes de discrecionalidad que la Constitución le atribuye en materia de política criminal”, sentenció el dictamen.
Para Casal, e indirectamente, para la Corte, entonces, “el régimen de agravación por el que ha optado el Congreso dentro de sus facultades constitucionales asegura que la declaración de reincidencia se manifestará por imperio de la ley en la segunda de ellas (cf. artículo 14 del Código Penal), mientras que deja en manos de la apreciación judicial su reflejo en la primera (cf. artículo 41, inciso 2, del Código Penal)”. El interrogante sobre si el Máximo Tribunal dicta sus propios fundamentos en la cuestión, por ahora, seguirá abierto.


miércoles, 12 de marzo de 2014

Si reincidís, no salís

“La libertad condicional no se concederá a los reincidentes”, precisa el artículo 14 del Código Penal. En medio de las discusiones por la reforma de ese cuerpo normativo, donde uno de los puntos de discusión se centra en torno a esta cuestión, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación (CSJN) determinaron que, en los autos “Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Juan Miguel Cabail Abad en la causa Cabail Abad, Juan Miguel si causa 16.035”, era procedente confirmar esta norma.
 
Siguiendo una línea que, a pesar de las divergencias, se encuentra ampliamente difundida en los precedentes de jurisprudenciales, los miembros del Máximo Tribunal nacional ratificaron que las personas que cometieron un delito en más de una ocasión no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional. La sentencia tuvo, sin embargo, una disidencia de Eugenio Zaffaroni.
 
En el caso concreto en el que se expidió la Corte, el accionante que requirió este beneficio, Juan Manuel Cabail Abad, ya había cumplido la mitad de su condena, además de que ya estaba transitando el período de prueba y las autoridades penitenciarias lo habían calificado como un buen recluso.
 
La defensa del hombre señaló que “su asistido cumple con el requisito temporal exigido por la ley y que no posee causa abierta en donde interese su detención u otra condena pendiente, y agregaron que "el Consejo Correccional se expidió de manera favorable para que Cabail Abad se incorpore al régimen de salidas transitorias”. 
 
“También es importante subrayar que posee conducta ejemplar (10) y concepto muy bueno (7), que concurre al programa UBA XXI y realiza tareas como jardinero del campo de deportes de la U.R. 2 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y, en caso de acceder a [..] su libertad lo va a recibir su progenitora”, agregaron los letrados.
 
La defensa reseñó que “el juzgamiento en base a los antecedentes delictivos del encartado implican no sólo una violación al principio del ne bis in ídem sino también al principio de culpabilidad. Ante ello, advirtió que en la resolución puesta en crisis se efectuó una errónea interpretación del principio de reintegración social”.
 
Zaffaroni citó un fallo para abreviar su disidencia: “Álvarez Ordoñez”. Allí, el integrante de la Corte Suprema había señalado que “los planteos de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia (articulo 50 del Código Penal) y del articulo 14, de este último en cuanto impide al reincidente obtener la libertad condicional en forma absoluta, esto es, sin excepción alguna y, por ende, cancelando todo espacio de valoración a la potestad judicial, son solo en parte irrescindibles, esto es: si se declara inconstitucional el instituto de la reincidencia en cuanto a su consideración como agravante de penas, es consecuencia lógica de tal consideración la consiguiente invalidez constitucional del articulo 14 del Código Penal”.
 
En ese caso, el juez había agregado: “Pero al margen de la anterior cuestión, o sea, aun considerando constitucional la agravación por reincidencia, existen argumentos para cuestionar la compatibilidad del artículo 14 con la Constitución Nacional”. 
 
“La reincidencia es un instituto que se ha mantenido en el tiempo, a pesar de que parte de la doctrina desde antiguo le ha negado fundamento, y la que se lo reconoce no acierta a dar con argumentos satisfactorios, mucho menos coincidentes y ni siquiera compatibles.Esto último se verifica mediante la enorme pluralidad de criterios con los que se la ha querido y se la quiere legitimar”, consignó entonces el magistrado.
 
Zaffaroni había señalado que “lo anterior parece dar la impresión de que nos hallamos ante una suerte de obstinación doctrinaria que, en todas las épocas, ha partido de la previa decisión de legitimarla para luego procurar los argumentos legitimantes”. 
 
“Ninguna obstinación de esta naturaleza respecto de instituciones penales de data secular ha sido gratuita a lo largo de la historia del derecho penal, sino que siempre ha respondido a las dificultades políticas coyunturales y a la posibilidad de escándalo mediático”, explicó el integrante de la Corte Suprema.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Ley 26904 - Incorporación del art. 131 al Código Penal

  • Emisor: Poder Legislativo Nacional
  • Publicación en el Boletín Oficial: 11/12/2013
  • Sanción: 13/11/2013
  • Promulgación: 04/12/2013
  • Síntesis: Delito de grooming. Incorporación del art. 131 al Código Penal.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1: Incorpórase como artículo 131 del Código Penal el siguiente:
"Artículo 131: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma."

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los trece del mes de noviembre del año dos mil trece.
Registrada bajo el N° 26904.

JULIAN A. DOMINGUEZ - BEATRIZ ROJKES DE ALPEROVICH - GERVASIO BOZZANO - JUAN H. ESTRADA.


Decreto 2036/2013
Promulgación de la Ley 26904.

Buenos Aires, 4/12/2013.
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N° 26904 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

FERNANDEZ DE KIRCHNER - JORGE M. CAPITANICH - JULIO C. ALAK.